La Universidad de Córdoba a la altura de la circunstancia

Finalmente el martes 15 de diciembre la UNC rechazó los fondos de la minera La Alumbrera. A la fecha ya son tres universidades (Córdoba, Río Cuarto y Luján), veintiséis facultades y tres unidades académicas en todo el país las que optaron por esa decisión.

Pero en este caso es algo más que un valioso aporte al debate en la sociedad, para hacer visible la lucha de cientos de argentinos y argentinas que denuncian el saqueo y la contaminación de las mineras. La resolución del Consejo Superior además solicita un compromiso de la comunidad universitaria -de ésta y del resto de las unidades académicas- para “realizar gestiones conjuntas ante las dependencias del Estado para revisar la situación de la minería en Argentina”; como así también investigar y proponer “los aspectos centrales que debería contener el marco jurídico minero y el control sobre el impacto de la actividad en el medio ambiente y en las poblaciones”.

Desde los años noventa, la Argentina es presa de caza de numerosas empresas extranjeras que se llevan como por un tubo nuestro oro y demás metales, gracias a enormes beneficios impositivos que ninguna otra actividad productiva posee. La actual legislación permite, por ejemplo, que la empresa Billintong Argentina BV, compre para explorar amplios territorios en Catamarca, incluida entera la localidad de Andalgalá. El código minero señala que al ser declarada la actividad de “utilidad pública”, el “problema” se soluciona con el desalojo y una indemnización a los pobladores.

Desde la Cámara Minera de Córdoba, hoy están promoviendo acciones judiciales para derogar la norma sancionada en la provincia que prohíbe este tipo de actividad contaminante. En lugar de ponerse al servicio del rédito económico para unos pocos, debieran hacerse eco del mandato de nuestra Universidad, que afortunadamente ha dado una vez más muestras de su compromiso con los intereses de nuestro pueblo.